(Fides) En la votación del lunes, 7 de marzo, 217 miembros de la Cámara de diputados votaron «sí» al proyecto de ley que establece la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, 54 dieron un voto negativo y uno se abstuvo. La ley ha sido promovida por la alianza de gobierno que apoya al presidente Rodrigo Duterte. Ahora el proyecto de ley pasará al Senado, a la asamblea compuesta de 24 miembros, en el que el partido de Duterte tiene la mayoría.
El Arzobispo Sócrates Villegas, Presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha dicho que está decepcionado porque la Cámara «ha dado el permiso al estado para matar» y ha afirmado que los obispos «no nos sentimos derrotados ni podremos ser silenciados».
«En medio de la Cuaresma - señaló un comunicado de los Obispos – nos preparamos para celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte, y mientras estamos entristecidos porque la Cámara ha votado en favor de la pena capital, nuestra fe nos asegura que la vida triunfará». Los pastores llaman a los fieles a una movilización general para manifestar «el espíritu de oposición» a la pena de muerte. También piden a los abogados, jueces y juristas católicos «que consientan que la dulzura del Evangelio ilumine su trabajo y la aplicación de la ley», «llevando vida en su servicio a la sociedad».
Rodolfo Diamante, secretario ejecutivo de la Comisión episcopal para la Pastoral prisiones, ha declarado que «los legisladores han perseguido sus intereses personales y no el bien común», «sacrificando su conciencia y sus principios».
Pena de muerte en el Catecismo
2267 La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas.
Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.
Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo «suceden muy [...] rara vez [...], si es que ya en realidad se dan algunos» (EV 56)
Pena de muerte en la legislación filipina
La pena capital fue introducida en la ley de Filipinas, en 1946, y se mantuvo en vigor durante el período de la dictadura de Ferdinand Marcos. Fue suspendido en 1987 durante el gobierno de Corazón Aquino y luego volvió a introducirse durante el gobierno de Ramos para los «crímenes atroces». Durante la presidencia de Joseph Estrada, en 1999, se produjo la ejecución de Leo Echegaray, tras lo cual se concedió una nueva moratoria. En 2006, el gobierno de Gloria Macapagal Arroyo firmó la abolición de la pena de muerte antes de visitar al Papa Benedicto XVI. Desde 2006, Filipinas ha apoyado la causa abolicionista, promoviendo diversas iniciativas en el ámbito internacional e incluso obteniendo la conmutación de las penas de muerte impuestas a ciudadanos filipinos en el extranjero.
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