(El Nacional) La exención del impuesto es obligatoria para todos los ayuntamientos a raíz del convenio del 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, pero el consistorio badalonés entiende que una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del mes de junio pasado ha puesto en duda esta medida al considerar que podría tratarse de una «ayuda estatal prohibida». Por lo tanto, ha iniciado los trámites para empezar a cobrarlo.
Actualmente en Badalona, la Iglesia católica, y en menor grado otras asociaciones confesionales, deja de tributar más de 350.000 euros al consistorio en concepto de esta exención tributaria. De estos, más del 65% provienen de inmuebles destinados a la enseñanza privada, «cosa que los convierte en susceptibles de estar bonificándose de manera irregular, ya que en este contexto pueden recibir ayudas prohibidas contrarias a la libre competencia», ha destacado la alcaldesa. En Badalona hay actualmente un total de 17 inmuebles propiedad de la Iglesia que no pagan el IBI.
En rueda de prensa, la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha afirmado que «este gobierno municipal ha hecho una apuesta clara para conseguir una mayor justicia social». «Trabajar para conseguir una fiscalidad más justa es uno de nuestros compromisos y esta nueva medida se añade a la aplicación de la tarifación social a las guarderías municipales y el aumento del IBI de las grandes superficies comerciales, entre otras medidas», ha dicho Sabater.
El teniente de alcalde y concejal del Ámbito de Badalona Democrática, José Téllez, considera que esta exención del IBI a la Iglesia Católica «es injusta, porque no está fundamentada en ninguna medida redistributiva ni de interés general para la ciudad». En este sentido, ha adelantado que abrirán «expedientes de revisión y comprobación en todos los inmuebles de la Iglesia que tengan actividad económica con la finalidad de iniciar los trámites para dejar de aplicar esta exención».
El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene su origen en el cobro de impuestos por parte del Ayuntamiento de Getafe (Madrid) a un colegio católico en relación con las obras de remodelación del salón de actos el año 2011. La institución religiosa reclamó, vía judicial, la devolución del importe económico haciendo referencia al acuerdo establecido entre el Estado y la Santa Sede y la cuestión llegó en forma de consulta al TJUE, que dictaminó que estas exenciones fiscales para actividades económicas pueden ser consideradas ayudas estatales ilegales.
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