(Catalunyapress/InfoCatólica) En una respuesta parlamentaria, la consejera de Trabajo, Asuntos sociales y Familia de la Generalidad, Dolors Bassa, explica que una vez analizadas las palabras por parte de los servicios jurídicos, han constatado la imposibilidad de abrir un procedimiento administrativo sancionador contra el obispo.
Sus palabras no incurren en ninguna infracción regulada en el artículo 34 de la Ley 11/2014, del 10 de octubre, y «entran en el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión e ideología de esta persona», ha alegado.
Las palabras manifestadas como opiniones y dudas personales y jurídicamente no pueden ser consideradas expresiones vejatorias que inciten a la violencia o actos que comportan aislamiento, rechazo o menosprecio público al colectivo LGTBI, según la Ley a favor de la erradicación de la homofobia.
Bassa ha recordado que la Dirección General de Igualdad envió una carta al obsipo de Solsona en la que se adjuntaba la citada ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, la bifobia y la transfobia «para dejar patente que la opción sexual es un derecho que forma parte de la libertad personal de cada individuo y no del tipo de familia en que crece».
«Consideramos necesario y responsabilidad de la administración el rechazo sistemático y contundente de las expresiones y manifestaciones que ponen en duda los derechos de las personas LGTBI», reconocidos por la ley, ha subrayado la consejera.
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