(Catholic Herald) El gobierno chino ha aumentado las medidas para suprimir las creencias y prácticas religiosas. Las nuevas regulaciones, publicadas en el sitio web de información legal del gobierno el pasado 10 de septiembre, hacen ilegal que los servicios religiosos, la oración o la predicación se transmitan en línea.
Bajo las nuevas «Medidas para la gestión de información religiosa en Internet», aquellos grupos o iglesias que deseen mantener un sitio web religioso necesitarán una licencia emitida por el gobierno que certifique que su contenido es políticamente aceptable. La evangelización en línea está estrictamente prohibida, al igual que los materiales destinados a convertir a los lectores. Los recursos catequéticos o instructivos no pueden publicarse abiertamente en línea y deben restringirse a las redes internas a las que se accede con nombres de usuario y contraseñas registrados.
La prohibición representa el último desarrollo en la política de sinicización del presidente Xi Jinping, que coloca la identidad nacional y la creencia política comunista sobre la fe religiosa. Al mismo tiempo que se publicaron las nuevas reglas, surgieron informes de más iglesias cerradas en varias provincias.
Según China Aid, una organización estadounidense que apoya a los cristianos perseguidos, la primera semana de septiembre los funcionarios del gobierno en la provincia de Henan lanzaron una ola de «medidas en aumento» contra los cristianos locales. Estos han incluido la eliminación y destrucción de cruces de individuos y familias, redadas en edificios de iglesias y la incautación de propiedades.
Otros informes incluyen relatos de Biblias que fueron quemadas y de cristianos obligados a firmar declaraciones renunciando a su fe.
La escalada reciente es parte de un patrón de cierres de iglesias y demoliciones en China después de grandes cambios en la política religiosa del gobierno en febrero de 2018. Esos cambios, que establecieron las restricciones a los lugares de culto y prohibieron a los niños asistir a servicios religiosos, también colocó a la Asociación Católica Patriótica China autorizada por el estado bajo la supervisión directa del Partido Comunista.
Las nuevas limitaciones sobre la libertad religiosa y la práctica, y la introducción de la política de Sinicización, coincidieron con otras reformas constitucionales que consolidaron la posición del Presidente Xi.
El Dr. Bo Fu, presidente de la organización, calificó la reciente campaña como una «represión masiva» contra la libertad religiosa por parte de funcionarios del gobierno, y dijo que era motivo de grave preocupación.
«Ahora que el Partido Comunista Chino comenzó a quemar Biblias y coaccionar a millones de creyentes en la fe cristiana y otras minorías religiosas para incluso firmar un compromiso por escrito de renunciar a sus creencias religiosas básicas, la comunidad internacional debería alarmarse e indignarse por esta flagrante violación de libertad de religión y creencia y exigir que el régimen chino detenga y remedie este peligroso curso».
Además de las medidas adicionales contra los cristianos chinos, las comunidades musulmanas étnicas y religiosas también han enfrentado una fuerte acción gubernamental.
En la provincia noroccidental de Xinjiang, la población étnica turca ha sido sometida a un programa de internamiento masivo y «reeducación política». Según un informe publicado por Human Rights Watch el pasado 9 de septiembre, el gobierno ha introducido unos «sistémicos y cada vez más penetrante» controles sobre la vida cotidiana de los uigures, los kazajos y otras comunidades minoritarias que provocan abusos de los derechos humanos «desenfrenados».
Según el informe, los funcionarios del gobierno local han creado una red de «campos de educación política» en la que miles de personas han sido detenidas. Las autoridades chinas han dicho que los campamentos deben combatir la propagación del extremismo religioso.
Hace dos semanas, los legisladores estadounidenses de ambos partidos pidieron a la administración Trump que considerara imponer sanciones a China en respuesta al programa de detención y reeducación.
En declaraciones al New York Times, el Senador Marco Rubio (R-FL) calificó el programa de detención como «masivo» en escala.
«Implica no solo intimidar a la gente en el discurso político, sino también un deseo de despojar a la gente de su identidad: identidad étnica, identidad religiosa, en una escala que no estoy seguro de haber visto en la era moderna».
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