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martes, 4 de septiembre de 2018

El Gobierno de España eliminará la demanda social como criterio para la educación concertada



(Cope/Abc) Se modificará de esta manera el artículo de la Lomce que hace referencia a la demanda social que ha permitido incrementar en los últimos años las plazas de la educación concertada.

La ministra ha reiterado su mensaje de «tranquilidad» a las familias que optan por llevar a sus hijos a centros concertados, aunque ha insistido en que la educación pública «debe ser el eje vertebrador» del sistema educativo.

Lo ha dicho en la Comisión de Educación del Congreso, donde comparece a petición propia (también de PP, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Grupo Mixto) y coincidiendo con el inicio del curso escolar, que hoy arranca en el municipio murciano de Cehegín, donde sus alumnos son los primeros en volver a las aulas.

«Vuelvo a reiterar el mensaje de total y absoluta tranquilidad» para la escuela concertada, ha insistido la ministra, que ha explicado que el anuncio de modificar el artículo 109 de la Lomce, relativo a la red de centros, se debe a «la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños».

Celaá ha recordado que el PP con la Lomce cambió «incomprensiblemente» y «sin debate previo» la redacción de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (LODE) en cuanto a la red de centros.

«Aún estamos esperando una convincente» explicación de por qué se eliminó de la LODE el párrafo que establecía que el poder público debía garantizar el derecho a la educación, ha señalado.

La Lomce, además, fijó en el artículo 109.2 que debían ofertarse las plazas «por demanda social», algo que Celaá calificó en otra comparecencia como un «eufemismo» que ha llevado a veces a que se dé más peso a la concertada que a la pública.

La ministra ha dicho que confía en iniciar «un proceso de diálogo sincero, constructivo y eficaz con todas las fuerzas políticas» sobre la reforma de varios artículos de la Lomce

Isabel Celaá ha propuesto además que las comunidades autónomas puedan establecer el número de horas lectivas semanales de los docentes, tanto en los centros públicos como concertados.

En la actualidad, según aprobó el anterior Gobierno del PP, los docentes tienen un mínimo de 25 horas lectivas para Infantil y Primaria y 20 en el resto, ha recordado Celaá, que ha considerado que es momento de «dar margen» a las comunidades en este tema.

No obstante, ha dicho que los límites de la jornada laboral para los docentes seguirá siendo igual que resto de los funcionarios, ya que se habla solo de la «carga lectiva».

El Anteproyecto también establece que las comunidades proveerán los recursos necesarios para garantizar el número máximo de alumnos por aula en Primaria y ESO.

Las medidas de este documento podrán aplicarse una vez aprobada esta ley, aunque se afirma que se podrán anticipar a este curso 2018-19 «si así lo decidieran las Administraciones».

Debate con la portavoz del PP

La modificación de este artículo convirtió la comparecencia en un tenso intercambio entre la ministra y Sandra Moneo, portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional del PP, que le pidió que «recapacite» y la acusó de «cuestionar la libertad de elección de las familias». «No vamos a atacar a la concertada, esto es feak news», sentenció Celaá.

Celaá aseguró que «la educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo porque si constitucionalmente las personas tienen derecho de ser educadas, correlativamente el poder público tiene el deber de garantizar ese derecho», explicó. «¿Qué amaneza supone para la concertada? Ninguna», se respondió a sí misma. Pero sí aclaró que el servicio a las familias «tampoco puede ser a la carta».

Moneo discrepó por completo respecto a la eliminación del apartado de «demanda social». «Le voy a pedir que recapacite», le espetó. «Creemos en la libertad, defendemos la libertad. Nos opondremos a cualquier decisión que quiera coartar el ejercicio de la misma a cualquier persona. Está cuestionando la libertad de elección de las familias. Creemos que debe existir un modelo público y laico pero también debe convivir con otras opciones y modelos educativos. El derecho a la educación también lo garantiza la concertada. No busquen limitar ni coger atajos porque la demanda es una garantía de las familias», sentenció Moneo.

«En la vida me dijeron que cuestioné la libertad de las familias», respondió Celaá visiblemente indignada. «La concertada transita libremente en un 30 por ciento en el sistema». Además, recordó que la pública llega «a zonas de nuestro país a las que la concertada no llega y no tiene obligación de llegar».

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