(InfoCatólica) El término demanda social permite a los colegios financiados con fondos públicos sacar más plazas si así lo demandan las familias. La propuesta de la también portavoz del Ejecutivo es eliminar dicho término de la ley.
Celaá ha indicado que la red pública tendrá preminencia en la programación de oferta de plazas escolares, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escilarización. En los centros concertados estudia el 25% del alumnado español.
La ministra no esperará a que se produzca un Pacto Educativo estatal, y ha asegurado que la reforma se llevará a cabo de «forma urgente».
La ministra también ha indicado que que abrirá un diálogo con los colegios que dan educación diferenciada -alumnos separados por sexo-, ya que, a su juicio, «contraviene los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación». Ignora así las sentencias judiciales en España a favor de ese tipo de educación.
Con estas medidas el actual gobierno demuestra que desprecia completamente el derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos.
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