(Cope) Gil Tamayo responde así a la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha afirmado en sede parlamentaria que reclamará a la Iglesia Católica bienes inscritos por ésta a su nombre que considere de dominio público. Una iniciativa a la que Gil Tamayo se ha referido como un intento de «desamortización encubierta».
El portavoz de los obispos ha respondido a esta cuestión durante la presentación del Congreso Iglesia en Sociedad democrática que organizan la Fundación Pablo VI y la CEE en el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, y que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en Madrid.
Todo comienza en 1998 cuando la nueva Ley Hipotecaria permitió a la Iglesia inmatricular -inscribir una finca que no consta previamente inscrita en el Registro de la Propiedad- a su nombre los templos. Hasta ese momento, la Iglesia no tenía potestad para registrar bienes inmuebles dedicados al culto (iglesias, basílicas, catedrales, abadías, ermitas, etc.), por lo que no constaban en el Registro de la Propiedad, ni a su nombre ni al de nadie.
Con la reforma de la Ley en 1998, la Iglesia se apresuró a inmatricular aquellos bienes que le pertenecen pero que no podían inscribirse en el Registro con la Ley anterior. Hablamos de templos, ermitas... a los que es difícil atribuirles otro propietario que no sea la Iglesia Católica. «La Iglesia lleva en este país casi 20 siglos, y hay cerca de 23.000 parroquias» ha subrayado Gil Tamayo.
Para el secretario general de la Conferencia Episcopal, la Iglesia en España no ha cometido ninguna irregularidad. «No hemos hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente» ha afirmado Gil Tamayo, que también ha recalcado la «inmensa tranquilidad» de los obispos ante un movimiento que pone en duda la propiedad privada. «Aclaremos lo que es dominio público. Vivimos en un Estado de Derecho, y hay un derecho a la propiedad» ha recordado.
El secretario general de la Conferencia Episcopal también ha explicado que en caso de conflicto van a defender sus derechos, y ha asegurado que los obispos españoles tienen una «confianza infinita en la Justicia española».
Por último, José María Gil Tamayo ha aseverado que los bienes de la Iglesia están puestos al servicio de la sociedad española. «Lo hemos explicado en la Memoria de Actividades de la Iglesia. Son bienes con un enorme interés social, no son para uso y disfrute exclusivo de los católicos. Aportan a la economía 22.000 millones de euros al año, un 2% del PIB», explica el portavoz de la CEE, que también concluye asegurando que «una de las consecuencias de desamortizar sería el detrimento de la acción social de la Iglesia».
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